Las fundaciones, asociaciones y ONG constituyen una institución esencial a la hora de construir una sociedad más estable cuanto menos utilitarista y cuanto más fuerte sea su sentido de la solidaridad. Son organizaciones constituidas sin ánimo de lucro que, por voluntad de sus creadores, tienen afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general. La dotación patrimonial de la fundación, por ejemplo, es el soporte de su personalidad jurídica y lo que garantiza es que aquélla resultará apta para la realización de las prestaciones que constituyen su objetivo. Este objetivo ha de conseguirse por aplicación de las rentas patrimoniales.
Para INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA estas características de esas organizaciones las hacen especialmente apropiadas para multitud de objetivos y asuntos sociales puesto que, reconocido su interés general y haciendo las correspondientes dotaciones presupuestarias, difícilmente tales dotaciones podrán desviarse de los fines inicialmente asignados a la institución. A su vez la organización es consciente desde el principio de los medios con los que cuenta para acometer sus proyectos más o menos ambiciosos. El predominio de la cooperación social hace incluso que en las fundaciones modernas la nota paradigmática del movimiento fundacional, la gratuidad, se desdibuje y que lo que cuente realmente sea que carezca en sus actividades de ánimo de lucro, entendiendo esta expresión no en la acepción estricta de que sus actividades no puedan producir ganancias, sino en la más genérica de que tales ganancias, si se producen, no sean objeto de reparto, sino medio de incrementar el patrimonio y, sobre todo, de aumentar las prestaciones. Mientras en otras entidades es el beneficio de los propietarios el que decide la orientación de las decisiones frente al objeto social, en estas entidades el fin prima sobre el beneficio mercantil. Al carecer de propietarios interesados desaparece el lucro y con él la retribución del capital. Tales retribuciones pasan a potenciar el fin de la institución.
INNDE entiende que estas entidades se justifican por su función social. Llegan a donde no lo puede hacer el Estado, asumiendo también tareas de alto riesgo social. Son instrumentos de progreso porque identifican las demandas sociales y aportan capital para el bien público sin los problemas burocráticos de las instituciones oficiales. Se necesitan unas leyes que premien estos actos solidarios, ya que, mientras no sea así, se seguirá premiando a entidades prepotentes, más celosas de su propia notoriedad que de apoyar las experiencias que acomenten diariamente los espíritus más solidarios. En este sentido cabe indicar que la divergencia de España respecto a los países más importantes de CEE resulta especialmente preocupante en épocas de crisis porque impide que se moderen sus efectos sociales negativos. La mayor parte de los países desarrollados, disponen de un Sector no lucrativo de considerables dimensiones y con un alto nivel de reconocimiento y presencia social y económica. La situación en estos países desarrollados contrasta notablemente con la situación española en la que una sociedad civil débil, desarticulada, empobrecida y con poca tradición de actuación social directa por parte de los ciudadanos a través de organizaciones no lucrativas y no gubernamentales, difícilmente puede compararse con la sociedad civil y las organizaciones que la articulan en otros países.
INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA considera que la protección y potenciación de estas instituciones -además de estar recogido en el artículo 34 de la Constitución, donde se reconoce expresamente a los particulares el derecho de fundar para fines de interés general- moderaría la disyuntiva radical entre Sector Público intervencionista, homogeneizante y planificador, y el liberalismo radical que amplia indiscriminadamente el criterio de enriquecimiento especulativo y egoísta a corto plazo en que puede degenerar la empresa lucrativa capitalista si no es autorregulada por la ética personal. En estas instituciones sin ánimo de lucro el beneficio no viene medido por el puro dato monetario de diferencial de ingresos y costes contables, sino que adquiere una dimensión social y cualitativa que permite augurar una sociedad más solidaria y humanizada. Las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro permiten canalizar las ilusiones y afanes diversísimos de multitud de ciudadanos hacia proyectos comunes posibles, que serían imposibles desde una perspectiva puramente lucrativa a corto plazo, pero que se hacen realidad por la colaboración libre y armónica de muchos. Por otra parte, la gran ventaja de este tipo de entidades es la de permitir introducir la fuerza económica de la libertad (y con ella la competencia) en la producción de estos bienes y servicios sociales. Si el Estado es el único que practica este tipo de servicios, desaparece la potencia creadora de la libre competencia en la consecución de estos objetivos. Si la vía política se convierte en exclusivo canal de expresión de las correspondientes preferencias, se marginaría la opinión de grupos minoritarios.
No toda la producción de bienes colectivos, que no puede estar en manos de la economía de mercado, tiene que estar en manos de la ineficacia del aparato burocrático estatal. Para INNOVACIÓN DEMOCRÁTICA existe una tercera vía intermedia representada por las entidades, fundaciones y en general asociaciones, sin ánimo de lucro, que canalizan socialmente la liberalidad de los particulares para labores de carácter colectivo más acordes con las preferencias sociales. Se puede vislumbrar otra alternativa al Gasto Público estatal. La existencia de dicho sector independiente eliminaría la más importante amenaza que la intervención gubernamental conlleva: el nacimiento del monopolio con todas sus inevitables secuelas de concentración de poder e ineficacia. El espíritu cívico no tiene por qué canalizarse siempre por la vía de la decisión gubernamental. En España es necesario considerar a estos efectos el bajísimo reconocimiento social, jurídico, económico y fiscal del sector. Su desconocimiento e inseguridad jurídica y económica actúa como freno de su virtual potencial en la creación de sinergias sociales positivas y solidarias. Estas instituciones desde su profesionalidad y bien hacer potencian la solidaridad libre en asuntos sociales y participación ciudadana.